Hasta ahora no se ha hecho una crítica del Derecho en profundidad. Rara vez se ha ido más allá de censurar algunas instituciones o normas concretas. Los cultores del Derecho, por su parte, al percibir el descontento generalizado que existe acerca de la normativa jurídica, han preferido asumir una actitud defensiva. Para esta posición se han visto favorecidos mediante su propia invocación del tecnicismo jurídico, la que les permite descalificar a los cuestionadores venidos desde fuera. Novoa Monreal rasga el velo del santuario jurídico y lo hace desde dentro. Dotado de vasto conocimiento teórico y de una muy variada experiencia práctica, arremete decididamente contra la vetustez de los principios, la obsolescencia de las normas y la mitología jurídica. Las acusa directamente de tener por finalidad la preservación de un orden social que hace crisis y de contener ingredientes esenciales que reconocen una filiación directa en el individualismo decimonónico. Este atrevimiento ha de valerle, de seguro, críticas acerbas. Su posición progresista en lo jurídico no ha de ser del agrado de los que él denomina "los sumos sacerdotes del Derecho". Las cáusticas palabras de Novoa Monreal tienen, no obstante, un aval poderoso. Su calidad de académico de número del Instituto Chile, la más alta corporación científica de su patria, su condición de profesor de teoría general del Derecho de la Universidad de Chile (antes lo fue de la cátedra de Derecho Penal, ramo en el cual adquirió renombre internacional) dan cuenta de su capacidad teórica. A ello se agrega que durante el gobierno del presidente Allende sirvió altas funciones de asesoría jurídica y mediante la observación de esa notable experiencia social que fue la "vía chilena al socialismo" pudo apreciar prácticamente la medida en que las doctrinas y las normas jurídicas constituyen un verdadero "obstáculo al cambio social". De Novoa Monreal, Siglo XXI ha publicado también Derecho a la vida privada y libertad de información.

A pesar de lo sorprendente que pueda parecer, tanto en México como en el resto de América Latina, todavía no están claros ni siquiera los fundamentos del Estado de derecho. No está claro su contenido mismo, qué puede hacer para consolidar nuestras incipientes democracias o por qué sería útil para disminuir nuestros índices de violencia cotidiana.