Sería iluso pensar que la corrupción actual se puede perseguir mediante los vetustos instrumentos y los limitados alcances técnicos y jurídicos de los Estados-­nación tradicionales, ya que, por un lado, el sector público de muchos países, incluyendo al mexicano, se ha convertido de forma progresiva en un aparato completamente opaco, en cuyo interior se puede hacer casi todo sin que la ciudadanía se pueda enterar. Y por otro, la globalización, que tiene manifestaciones muy claras en el orden de las telecomunicaciones y del comercio internacional, también ha servido para transnacionalizar las prácticas corruptas en los intrincados circuitos financieros internacionales. Las comisiones ilegales para favorecer a alguna compañía en la construcción de aeropuertos, carreteras, privatización de empresas estatales o venta de armas, son depositadas en los muchos paraísos fiscales que existen con sólo apretar una tecla de computadora. La corrupción se alimenta de la opacidad: la luz sobre los asuntos públicos es un primer paso para combatirla. De aquí que es necesario obligar a las autoridades a informar, crear mecanismos reales de verificación del gasto público, promover la participación de la sociedad civil, utilizar la ley de acceso a la información pública, transparentar las transacciones bancarias y bursátiles, etcétera. Éste es el punto de partida de los distintos ensayos aquí reunidos, los cuales ofrecen una visión internacional del problema de la corrupción. Miguel Carbonell, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Rodolfo Vázquez, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en el ITAM y director de la revista Isonomía. En Siglo XXI, junto con Winstano Orozco, han publicado Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización en América Latina.

Hasta ahora no se ha hecho una crítica del Derecho en profundidad. Rara vez se ha ido más allá de censurar algunas instituciones o normas concretas. Los cultores del Derecho, por su parte, al percibir el descontento generalizado que existe acerca de la normativa jurídica, han preferido asumir una actitud defensiva. Para esta posición se han visto favorecidos mediante su propia invocación del tecnicismo jurídico, la que les permite descalificar a los cuestionadores venidos desde fuera. Novoa Monreal rasga el velo del santuario jurídico y lo hace desde dentro. Dotado de vasto conocimiento teórico y de una muy variada experiencia práctica, arremete decididamente contra la vetustez de los principios, la obsolescencia de las normas y la mitología jurídica. Las acusa directamente de tener por finalidad la preservación de un orden social que hace crisis y de contener ingredientes esenciales que reconocen una filiación directa en el individualismo decimonónico. Este atrevimiento ha de valerle, de seguro, críticas acerbas. Su posición progresista en lo jurídico no ha de ser del agrado de los que él denomina "los sumos sacerdotes del Derecho". Las cáusticas palabras de Novoa Monreal tienen, no obstante, un aval poderoso. Su calidad de académico de número del Instituto Chile, la más alta corporación científica de su patria, su condición de profesor de teoría general del Derecho de la Universidad de Chile (antes lo fue de la cátedra de Derecho Penal, ramo en el cual adquirió renombre internacional) dan cuenta de su capacidad teórica. A ello se agrega que durante el gobierno del presidente Allende sirvió altas funciones de asesoría jurídica y mediante la observación de esa notable experiencia social que fue la "vía chilena al socialismo" pudo apreciar prácticamente la medida en que las doctrinas y las normas jurídicas constituyen un verdadero "obstáculo al cambio social". De Novoa Monreal, Siglo XXI ha publicado también Derecho a la vida privada y libertad de información.