Desde hace más de dos decenios, el tema de la seguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas sociales de casi todos los países de América Latina, cuyos ciudadanos están hondamente preocupados por fuertes incrementos de las tasas de criminalidad -en particular de los delitos violentos-, se sienten cada vez más inseguros en sus personas y bienes, y expresan su insatisfacción con respecto a la respuesta estatal ante el fenómeno delictivo. Enfrentados a una situación similar, los países más desarrollados están aplicando desde los años 70, nuevos enfoques y modelos en materia policial (policía de proximidad o de orientación comunitaria) y preventiva, sin embargo, todavía no se ha efectuado un balance-síntesis de lo hasta ahora realizado y, salvo raras excepciones, tampoco existen políticas públicas integrales en la materia; este trabajo presenta dicho balance y los principales lineamientos que permitan elaborar las políticas necesarias.

Sería iluso pensar que la corrupción actual se puede perseguir mediante los vetustos instrumentos y los limitados alcances técnicos y jurídicos de los Estados-­nación tradicionales, ya que, por un lado, el sector público de muchos países, incluyendo al mexicano, se ha convertido de forma progresiva en un aparato completamente opaco, en cuyo interior se puede hacer casi todo sin que la ciudadanía se pueda enterar. Y por otro, la globalización, que tiene manifestaciones muy claras en el orden de las telecomunicaciones y del comercio internacional, también ha servido para transnacionalizar las prácticas corruptas en los intrincados circuitos financieros internacionales. Las comisiones ilegales para favorecer a alguna compañía en la construcción de aeropuertos, carreteras, privatización de empresas estatales o venta de armas, son depositadas en los muchos paraísos fiscales que existen con sólo apretar una tecla de computadora. La corrupción se alimenta de la opacidad: la luz sobre los asuntos públicos es un primer paso para combatirla. De aquí que es necesario obligar a las autoridades a informar, crear mecanismos reales de verificación del gasto público, promover la participación de la sociedad civil, utilizar la ley de acceso a la información pública, transparentar las transacciones bancarias y bursátiles, etcétera. Éste es el punto de partida de los distintos ensayos aquí reunidos, los cuales ofrecen una visión internacional del problema de la corrupción. Miguel Carbonell, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Rodolfo Vázquez, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho en el ITAM y director de la revista Isonomía. En Siglo XXI, junto con Winstano Orozco, han publicado Estado de derecho. Concepto, fundamentos y democratización en América Latina.