René Descartes y Francis Bacon formularon la ideología del progreso a comienzos del siglo XVII, en que planteaban que la dominación de la naturaleza sería la clave para la felicidad y grandeza del género humano, y la Revolución Industrial a partir de la segunda mitad del siglo XVIII pareció ser la confirmación más completa de esta visión. Lo que nunca imaginaron fue que los sistemas tecnológicos podrían tener efectos imprevistos, que a largo plazo resultarían no sólo indeseables sino peligrosos. La teoría de Malthus sobre la población, formulada en 1798 fue el primer cuestionamiento serio de esta ideología. A partir de la década de 1860 se fue conformando un malthusianismo generalizado, que planteaba que habría otros límites al aumento de la población, tales como el agotamiento de los recursos minerales y de los acuíferos. En 1972 se publicó Límites del crecimiento, de Dennis y Donella Meadows, Jorgen Randers y William Behrens, que era el producto más elaborado del malthusianismo generalizado, que planteaba que el aumento de la población y de la contaminación crearían las condiciones para una catástrofe ambiental a nivel global. Este libro plantea varias hipótesis, la primera de que el agotamiento de los recursos energéticos no renovables, es decir petróleo, gas, carbón y materiales radioactivos para la energía nuclear, como el uranio, podrían ocurrir en el curso del siglo XXI, y en el caso de los dos primeros en las próximas décadas. Segunda, que la problemática del cambio climático se inscribe naturalmente dentro de la de límites del crecimiento, y que es la mayor amenaza que confronta a la humanidad. La influencia de las fuerzas sociales dominantes habría bloqueado la percepción de la magnitud de esta amenaza, y de la necesidad de medidas drásticas para hacerle frente. Hay un considerable margen de incertidumbre sobre los efectos, que podrían incluir la desertificación de grandes áreas, incluyendo la Amazonia; la falta de agua en grandes ciudades, como Lima, Quito, La Paz y Bogotá; la extinción de la agricultura en algunas áreas de irrigación; y la inundación de áreas costeras, y de grandes áreas de países cuyo territorio está sólo a pocos metros sobre el nivel del mar. En el primer caso podría inundar varias grandes ciudades, como Londres, Nueva York y Tokio, con desplazamiento de centenares de millones; en el segundo, podría desaparecer gran parte del territorio de Bangladesh, uno de los países más pobres y más poblados del mundo, y países isleños del Pacífico, Índico y Caribe. Las medidas que proponen los gobiernos y el Comité Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, como el confinamiento del dióxido de carbono, plantación de árboles, automóviles híbridos, etc., serían costosas, inviables, insuficientes o de efectos inciertos. Buscan salvar al modelo energético actual, basado en los combustibles fósiles, y la continuación del automóvil como medio dominante de transporte. Hacen falta medidas como la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, la del automóvil por el transporte público, la limitación del crecimiento de la aviación y del transporte marítimo. No puede haber solución sin que haya grandes perdedores, que incluirían no sólo a los países petroleros y grandes productores y consumidores de carbón, sino también a países que viven del turismo, y a sectores de la clase trabajadora. La producción de fertilizantes podría volverse más cara y más difícil, y podría ser necesaria una reducción de la población y de las fuerzas productivas. Malthus podría haber tenido razón por causas totalmente diferentes a las que planteó en su momento.

Durante las últimas tres décadas, las industrias extractivas y los derechos indígenas se globalizaron de manera simultánea. Así, los conflictos relacionados con la explotación de los territorios indígenas se han hecho cada vez más frecuentes, violentos y extendidos en todo el mundo. En ese proceso, también se han juridizado: cada vez más, las instituciones y el lenguaje jurídicos son protagonistas en los modos en que se formulan, procesan y resuelven esas disputas. Este cambio, que a primera vista puede parecer positivo, requiere una mirada más atenta y matizada. Ese es el objetivo de este libro, fruto de una investigación extensa, que reconstruye décadas de conflictos socioambientales en territorios nativos de América Latina con un foco original: el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de la realización de proyectos extractivos en sus territorios o de la adopción de normas que los afecten en forma directa. La figura jurídica internacional de la consulta previa una institución surgida de la OIT en 1989 es el hilo analítico y narrativo que lleva a los autores en un itinerario de investigación que va desde los territorios indígenas del norte de Colombia en 2009 (donde el pueblo Emberá denunciaba no haber sido consultado antes de la construcción de la represa de Urrá, que dividió su territorio) hasta la zona de los incendios de la Amazonía brasileña en 2019 (donde el pueblo mundurukú había logrado detener la construcción de la represa que se planeaba sobre el río Tapajós, alegando la falta de consulta), pasando por la Amazonía ecuatoriana a mediados de la década de 2010 (donde el pueblo sarayaku lanzó una de las campañas globales más exitosas contra la explotación inconsulta de petróleo en territorios indígenas). Al describir en detalle estos y otros conflictos en la región así como al analizar los orígenes y la evolución internacionales de la figura de la consulta previa los autores se preguntan por los efectos concretos de los procesos de consulta, y rastrean evidencias tan contundentes como inquietantes: si, por un lado, en muchos casos los debates procesales terminan reemplazando las discusiones sustantivas, estos procesos y los litigios a su alrededor también han impulsado la movilización política de los pueblos afectados y de redes de apoyo globales, y han protegido los derechos indígenas en varios países. Como es evidente para cualquiera que esté atento a las noticias cotidianas, los reclamos indígenas no circunscriben su importancia a los territorios nativos. Hoy, sus demandas son las de todo el planeta. A partir de esta convergencia entre el movimiento indígena y el movimiento contra el calentamiento global liderado por jóvenes de todo el mundo, los autores concluyen que las propuestas indígenas que sonaban radicales hace apenas unos años no explotar combustibles fósiles, dejar en pie todo lo que queda en pie de bosques tropicales, o darles poder de veto a los pueblos indígenas sobre la explotación de recursos naturales en sus territorios parecen ahora indispensables para la continuación de la vida sobre la tierra en tiempos de crisis climática.