1988

Sin duda, uno de los principales protagonistas -si no el más importante- del origen, desarrollo y desenlace de la Revolución mexicana ha sido el campesinado, o la sociedad rural en su sentido más amplio. En efecto, desde las luchas por la Independencia en 1810 hasta la consolidación del moderno Estado mexicano en el primer tercio del presente siglo, este sector social se ha caracterizado por su omnipresencia; bien porque en su nombre unos se han encaramado al poder o bien porque ha conseguido expulsar a los tiranos al sitio que les corresponde. Este comportamiento, sin embargo, no ha manifestado siempre un carácter revolucionario, en el amplio sentido del vocablo, o para decirlo en sus justos términos, en el del cambio de las estructuras sociopolíticas que lo oprimen. Más bien, dicha presencia se ha distinguido por su amoldamiento a las circunstancias prevalecientes. Así, encontramos al campesinado luchando algunas veces en favor de sus opresores; otras, en su contra. Y en la mayoría de las ocasiones demostrando una aparente indiferencia frente a los cataclismos sociales. No obstante, la sociedad rural continúa ahí: expectante, cuestionadora y, por lo general, huraña hacia quienes pasan frente a ella sin dejar de echarle una mirada. Ese continuo acecho de la sociedad rural hacia todo lo que le resulta extraño constituye, quizás, el carácter más auténtico de su razón de ser: "zona sagrada" por la cual da la vida ante cualquier intento de profanación. En la historia de la Revolución mexicana, la intensidad y el carácter de este acecho rural se manifestaron de un modo disparejo -bastante disparejo, para ser precisos- a lo largo y ancho del país. En el campo del análisis historiográfico, esta aparente obviedad nos permite establecer un par de consideraciones. Primero, que podemos hablar de "regiones revolucionarias" con sus respectivas especificidades, como fueron sus caudillos, sus caciques y sus ejércitos; y segundo, que a partir de esta circunstancia es posible discernir sobre el peso específico que las diferentes clases y grupos sociales ejercieron tanto en la explosión como en el derrotero que la Revolución mexicana habría de seguir. Por lo que toca a este último punto, la presente obra aporta la información necesaria para desmitificar el pretendido carácter popular, y sustancialmente campesino, que la historia oficial asigna al movimiento armado de 1910. De acuerdo con los datos y la reflexión aportados por los autores de este libro, podemos afirmar, por un lado, que no existió una causa única, o una de mayor peso que actuara como detonador del movimiento armado; y, por otro, que la presencia de un sector medio, sobre todo empresarial, localizado en el norte del país, fue el que socavó militar y políticamente al régimen porfirista. Esta conclusión no niega, sin embargo, la extraordinaria participación de los ejércitos eminentemente rurales. Con tal propósito, en el cuerpo de la presente investigación se marcan los límites geográficos e ideológicos del zapatismo, principal protagonista campesino en los destinos de la nación. A tales fines se dedican precisamente los temas fundamentales de esta obra, a saber: el escenario económico en el porfirismo, las regiones revolucionarias, los rancheros chihuahuenses, los ingredientes ideológicos de la Revolución y el papel de los caciques y los caudillos en la cristalización del naciente Estado revolucionario. Óscar Betanzos se desempeña actualmente como profesor en la ENEP-Acatlán; Enrique Montalvo es investigador del INAH; Jane Dale Llyod labora como profesora e investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana; Pedro González es investigador del ClDE y profesor en la Facultad de Economía de la UNAM.

Los años que van de 1920 a 1934 están marcados por dos grandes procesos sociales. El primero, constituido por la definición de una política agraria fundada en la modernización y en el respaldo y apoyo a la propiedad privada de la tierra, siempre y cuando se garantizara la posibilidad de elevar la productividad. Este modelo de reordenamiento se realizó como parte del programa político de los sectores que triunfaron en la Revolución mexicana, a saber: los grupos norteños encabezados por Obregón y Calles. El segundo proceso hunde sus raíces en la historia inmediata que antecede a la Revolución, y al mismo tiempo es la respuesta a la acción estatal instrumentada a partir del gobierno de Obregón. Este proceso queda definido por un sinnúmero de rebeliones y demandas campesinas en las diversas regiones del país, por la inconformidad con las políticas estatales y las acciones de los grandes propietarios. Es éste, precisamente, un episodio que ha permanecido silenciado, oculto bajo las imágenes apologéticas de la Revolución, y que apenas hoy comenzamos o conocer y a valorar en su justa dimensión. En este sentido llama la atención el contraste entre la política agraria estatal, en muchos casos contraria a los intereses de los campesinos, y la participación masiva de éstos en la Revolución mexicana. En efecto, el campesinado, que sacrificó los mayores contingentes en la lucha armada, fue, luego de la estabilización del régimen posrevolucionario, el menos beneficiado, pues muchos agravios e injusticias permanecieron en el campo después de la Revolución, como la evidencia, la inconformidad de los zapatistas después de la muerte de su líder, las reiteradas exigencias del ala popular radical de la Revolución mexicana, la guerra cristera y el malestar social generalizado en los últimos años del Maximato, período que algunos comparan, en lo que toco al nivel de vida en el campo, con el porfirismo. En estas condiciones, los gobernantes revolucionarios parecieron más dispuestos a fomentar una restauración de muchos de los rasgos del porfiriato que a impulsar una transformación agraria. El único cambio, efectivamente de fondo, consistió en que los grandes propietarios no podían ya ejercer el poder que detentaban antes de la Revolución. Ahora, la nueva élite política abusaba de sus atribuciones y se erigía también como terrateniente. La preocupación principal que anima esta obra consiste en recuperar los rasgos fundamentales de la política estatal y de las luchas agrarias, dar cuenta al mismo tiempo del cúmulo de confrontaciones que en esos años se generaron en torno a la problemática agraria, como aspecto definitorio del desarrollo y el futuro nacional, y reflexionar sobre la importancia del campo en la organización e institucionalización del ejercicio del poder político. Enrique Montalvo se desempeña actualmente como investigador del ClDE y profesor en la Facultad de Economía de la UNAM; José Rivera Costra es profesor-investigador en la UAM y profesor en la División de Historia de la UNAM; Óscar Betanzos labora como profesor en la ENEP-Acatlán.

Este volumen aborda el estudio de la economía del sector agropecuario en el período 1950-1970. Julio Moguel introduce el tomo con un ensayo de interpretación general que presenta en sus rasgos fundamentales lo lógico del desarrollo del sector en los años correspondientes, en un esfuerzo por establecer los claves teóricas fundamentales de tal desenvolvimiento. Rosario Robles desarrolla una investigación sobre un tema que tradicionalmente ha sido subestimado o ignorado en la literatura correspondiente, a saber, el que da cuenta de las enormes transferencias que, provenientes de la agricultura y canalizadas a través del Estado, capitaliza en tales años el sector industrial y otros sectores por la vía de apropiarse -mediante los impuestos a la exportación una parte sustancial de la renta diferencial generada a través de las intercambios internacionales. Robles desarrolla, además, un estudio sobre las formas de explotación del trabajo en las condiciones de la fase extensiva de la acumulación de capital, particularmente de aquellas que corresponden al trabajo asalariado y a su estrecha vinculación -vía migraciones- con la economía campesina, y completa su colaboración en este tomo con el análisis de otros aspectos de la economía agropecuaria. Blanca Rubio se aboca a estudiar el desarrollo económico general del sector en los años correspondientes, intentando dilucidar algunas de las claves de la crisis estructural del sector agropecuario en la década de los sesenta. Julia Moguel y Blanca Rubio son actualmente profesores e investigadores de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ENEP Acatlán, UNAM; Rosario Robles es profesora de tiempo completo de la Coordinación de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Economía en la UNAM.