La gobernanza en su sentido normativo debe percibirse como un proyecto y proceso para la definición democrática de objetivos de interés público y la implementación participativa de medidas para alcanzarlos. En este contexto, se reconocen explícitamente los conflictos y tensiones a raíz de intereses contrapuestos; pero al mismo tiempo se destaca la necesidad de expresar y negociar dichos intereses no sólo en el ámbito administrativo-institucional formalmente establecido, sino también mediante diferentes plataformas fuera de la influencia directa de las instituciones gubernamentales. Desde una perspectiva interdisciplinaria analizamos las relaciones de negociación entre actores como consecuencia de la intersección entre diversas escalas (local, regional, nacional e internacional) y diversos ámbitos del mundo económico-social, ya sean certificaciones para ciertos productos y servicios, cadenas globales de producción agrícola o manufacturera o pagos por servicios ambientales. No obstante, todos las contribuciones de la obra parten de una perspectiva geográfica, con énfasis en regiones y lugares concretos. El entrecruzamiento de estas temáticas (escalas y ámbito socio-económico) permite desarrollar un análisis complejo y dinámico de las formas de organización económico-social de los territorios, y aborda uno de los dilemas actuales de las ciencias sociales: la combinación entre procesos sistémico-globales y las particularidades de cada territorio. El análisis de la acción económica y política como proceso contextualizado espacial y temporal, implica que el análisis de la gobernanza desde una perspectiva geográfica se interese en el proceso dinámico y flexible de la interrelación entre el ambiente institucional y los arreglos institucionales. De esta forma, tanto los procesos socio-políticos que operan en diferentes escalas, como la consideración de las formas de coordinación y regulación de las economías y recursos naturales regionales y locales, permiten comprender que el desarrollo económico y ambiental de los territorios investigados en esta obra es mucho más que el resultado de las fuerzas del mercado.

El acceso a la información no es suficiente para generar los círculos virtuosos necesarios para construir un sistema político justo y eficaz. Sólo cuando se articula el derecho a la información con la teoría y la práctica de la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho podemos hablar de una nueva forma de ejercer y entender el poder público. Este libro ofrece un marco innovador para entender las conexiones y las tensiones entre cada uno de estos conceptos. A partir de las reformas al artículo 6º Constitucional se ha abierto el camino hacia una segunda generación de reformas legales a favor de la transparencia. Existe la oportunidad para expandir los horizontes de nuestra democracia y enfrentar de manera decisiva las prácticas de evasión y resistencia a la apertura que empiezan a manifestarse en amplios sectores de la burocracia. Las contribuciones reunidas aquí trazan una nueva agenda en la materia que exige un comportamiento creativo y democrático de parte de funcionarios y políticos así como una acción decidida y organizada de los ciudadanos y sus organizaciones. El volumen incluye textos de Stephen Holmes, Guillermo O´Donnell, José Ramón Cossío, Jerry Mashaw, Jonathan Fox, Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman, Mauricio Merino, David Arellano, Bruce Ackerman, Ian Ayres, Owen Fiss, Juan Pablo Guerrero y María Marván Laborde. Los autores abordan temas tan diversos como la transparencia en los sindicatos, en el Banco de México y en los partidos políticos, así como el caso de las boletas electorales, los orígenes del Estado de derecho a nivel internacional, el derecho a la privacidad de los servidores públicos y el concepto de la “transparencia opaca”. También se incluyen los dos textos que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) originalmente quiso excluir del presente volumen. John M. Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política por la Universidad de California-Santa Cruz, presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y Director Editorial del Mexican Law Review.