La denominada reforma política de 1977 fue, pese a todos sus defectos, el inicio de un proceso de cambios importantes en la vida partidaria del país. Con ella, limitada en realidad al ámbito electoral, se amplió el abanico de partidos en México. La intención gubernamental fue -con independencia del discurso y bajo la presunción no explícita de que la crisis económica aumentaría el descontento social- la desviación de la lucha de clases hacia las urnas de votación. Se dieron facilidades para la existencia legal de antiguos y nuevos partidos pero, a la vez, se mantuvieron con mayor celo las formas antidemocráticas de control en las organizaciones de trabajadores urbanos y rurales. La antidemocracia en estas organizaciones ha persistido hasta la fecha como una necesidad de las empresas y del capital en conjunto, en su proyecto de modernización -proyecto defendido y asumido como propio por los gobiernos recientes. Los partidos políticos, por su lado, pusieron más énfasis en los asuntos electorales que, por ejemplo, en la organización de los trabajadores contra el nuevo modelo de acumulación o en la defensa de sus conquistas previas a los años de la crisis, como se hubiera esperado en el caso de la izquierda. Fue quizá por esta lógica electoralista que la izquierda, pese a sus esfuerzos por crecer mediante alianzas, fusiones y coaliciones, no pudo ganar influencia electoral. La derecha, en cambio, con la excepción del PRI, sí aumentó sus votos. Se elaboró otra ley, más flexible en varios sentidos que la anterior y que ampliaba el número de diputados en el Congreso de la Unión. Pero sólo a partir de una candidatura presidencial de oposición surgida de las mismas filas del PRI hubo una recomposición de partidos y grupos políticos para las elecciones de 1988. Por primera vez en su historia el PRI no pudo convencer de su victoria y, en consecuencia, la participación del gobierno en los órganos electorales pasó a ser cuestionada muy seriamente, y más todavía después de la evidencia de imposición en las elecciones de diputados locales en el estado de Michoacán, en julio de 1989. En el México de hoy las fuerzas progresistas buscan nuevas definiciones y alianzas. Muchas cosas están por precisarse, entre éstas la vía para los cambios que requiere el país y la orientación de éstos.