El primer volumen de este tomo aborda el estudio de la economía rural para el período 1970-1982. También, para los mismos años, la política gubernamental en el área agropecuaria, particular- mente en lo referente al sistema alimentario nacional, problemática central y gozne del proceso de transformaciones estructurales iniciado en México desde finales de la década de los sesenta y principios de los setenta. ¿Cómo caracterizar la crisis de la agricultura mexicana perfilada desde aquellos años? ¿Cuáles las tendencias y condiciones que la presentaron desde entonces como una crisis estructural? ¿Era real y factible en aquel tiempo previo al estallamiento de la conflagración económica de 1982 pretender la autosuficiencia alimentaria y, con ella, reconstruir los tradicionales vínculos de alianza entre el Estado y los campesinos? ¿O era sólo una herencia populista que el gobierno lopezportillista no se atrevió o no quiso eliminar de tajo por sus titubeos e inconsecuencias? ¿Qué reclamos hacía a nuestro país la modernización capitalista mundial y cuáles fueron las vías finalmente escogidas? Estas y otras preguntas cobran cuerpo en los textos de este volumen, y se adelantan respuestas que cobran vida y se inscriben en el actual debate nacional. Julio Moguel y Blanca Rubio son profesores e investigadores de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Hugo Azpeitia es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (CIESAS), Magda Fritscher es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Jonathan Fox es profesor e investigador del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Los años que van de 1920 a 1934 están marcados por dos grandes procesos sociales. El primero, constituido por la definición de una política agraria fundada en la modernización y en el respaldo y apoyo a la propiedad privada de la tierra, siempre y cuando se garantizara la posibilidad de elevar la productividad. Este modelo de reordenamiento se realizó como parte del programa político de los sectores que triunfaron en la Revolución mexicana, a saber: los grupos norteños encabezados por Obregón y Calles. El segundo proceso hunde sus raíces en la historia inmediata que antecede a la Revolución, y al mismo tiempo es la respuesta a la acción estatal instrumentada a partir del gobierno de Obregón. Este proceso queda definido por un sinnúmero de rebeliones y demandas campesinas en las diversas regiones del país, por la inconformidad con las políticas estatales y las acciones de los grandes propietarios. Es éste, precisamente, un episodio que ha permanecido silenciado, oculto bajo las imágenes apologéticas de la Revolución, y que apenas hoy comenzamos o conocer y a valorar en su justa dimensión. En este sentido llama la atención el contraste entre la política agraria estatal, en muchos casos contraria a los intereses de los campesinos, y la participación masiva de éstos en la Revolución mexicana. En efecto, el campesinado, que sacrificó los mayores contingentes en la lucha armada, fue, luego de la estabilización del régimen posrevolucionario, el menos beneficiado, pues muchos agravios e injusticias permanecieron en el campo después de la Revolución, como la evidencia, la inconformidad de los zapatistas después de la muerte de su líder, las reiteradas exigencias del ala popular radical de la Revolución mexicana, la guerra cristera y el malestar social generalizado en los últimos años del Maximato, período que algunos comparan, en lo que toco al nivel de vida en el campo, con el porfirismo. En estas condiciones, los gobernantes revolucionarios parecieron más dispuestos a fomentar una restauración de muchos de los rasgos del porfiriato que a impulsar una transformación agraria. El único cambio, efectivamente de fondo, consistió en que los grandes propietarios no podían ya ejercer el poder que detentaban antes de la Revolución. Ahora, la nueva élite política abusaba de sus atribuciones y se erigía también como terrateniente. La preocupación principal que anima esta obra consiste en recuperar los rasgos fundamentales de la política estatal y de las luchas agrarias, dar cuenta al mismo tiempo del cúmulo de confrontaciones que en esos años se generaron en torno a la problemática agraria, como aspecto definitorio del desarrollo y el futuro nacional, y reflexionar sobre la importancia del campo en la organización e institucionalización del ejercicio del poder político. Enrique Montalvo se desempeña actualmente como investigador del ClDE y profesor en la Facultad de Economía de la UNAM; José Rivera Costra es profesor-investigador en la UAM y profesor en la División de Historia de la UNAM; Óscar Betanzos labora como profesor en la ENEP-Acatlán.