Una promesa recurrente de los Estados de bienestar modernos ha sido la progresiva mejora en las condiciones de vida y el acceso, entre otros, a la educación, salud, empleo, vivienda y cultura, entre otros, para todas las personas que integran la sociedad. En ese camino, la adhesión a distintos convenios y tratados internacionales en derechos humanos ayudaron a rediseñar los planos de un complejo sistema de políticas sociales dirigido, en principio, a eliminar la marginación y exclusión de las personas en situación de pobreza. Este andamiaje inicial, con todo, vacila frente a sociedades altamente desiguales como la mexicana, en la que las políticas sociales las más de las veces son consideradas más un emplasto que un pilar de las instituciones a cargo. Discutir, estudiar y escudriñar las políticas sociales que tenemos hoy, para poder reestructurarlas, requiere de una perspectiva multidisciplinaria y conocimiento experto. Un estudio de largo alcance que comprenda todos los cambios dados en las políticas sociales en México, durante las primeras dos décadas del siglo XXI, sólo es posible gracias a un esfuerzo colectivo como el que se presenta en este libro. Derechos constitucionales, arquitectura institucional será sin duda la obra de referencia sobre las principales características de las políticas sociales diseñadas e implementadas en el país en el periodo de 2000 a 2018, tanto para quienes las hacen como para quienes buscan una mirada crítica de ellas.

El libro que tienen en sus manos es el producto de un largo proceso realizado por investigadores de América Latina, que emprendieron la tarea de identificar los condicionantes estructurales de la desigualdad en la distribución del ingreso en sus respectivos países, tenemos la esperanza de que este emprendimiento no caiga en el vacío y promueva que las nuevas generaciones dirijan su mirada al pasado intelectual de la región, además de seguir mirando al norte y a la región noreste del globo terráqueo. Este libro sintetiza los esfuerzos de dos equipos de investigación, uno en Argentina y el otro en México, que bajo el cobijo del convenio suscrito entre el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) iniciaron sus labores de investigación en el año 2014. En 2016 fue aceptado como Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).