La destrucción ecológica, la degradación ambiental y el deterioro de la calidad de vida de las mayorías aparece como un signo elocuente de los límites de la racionalidad económica sobre la cual se ha construido la civilización moderna. En la carrera desenfrenada del crecimiento económico se ha desterrado a la naturaleza de la esfera de la producción, subyugando las identidades culturales, socavando las bases de sustentabilidad ecológica del planeta y ensanchando las desigualdades sociales. Desde una postura crítica del discurso de la globalización y del desarrollo sostenible, Enrique Leff desentraña las raíces profundas de la crisis ambiental -crisis de la razón instrumental y de la racionalidad económica dominantes- y elabora los fundamentos de un nuevo paradigma productivo. Los valores de diversidad biológica, heterogeneidad cultural, pluralidad política y democracia participativa, que plasman el discurso del ambientalismo emergente, se constituyen en potenciales productivos para un desarrollo alternativo con bases de sustentabilidad y equidad, orientando la reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos. Del diálogo crítico entre la economía y la ecología, irrumpe una economía política del ambiente, una teoría integradora de la economía ecológica y de la ecología política, movilizando a los nuevos actores sociales del ambientalismo emergente hacia la construcción de una nueva racionalidad productiva alimentada por la vitalidad de las fuerzas de la naturaleza y los sentidos civilizatorios de la diversidad cultural. Desde la lacerante realidad de América Latina y el Tercer Mundo se configura una utopía ambientalista, reorientando el desarrollo de las fuerzas productivas, recreando las formas de sociabilidad y reconfigurando las relaciones de poder. La lucha por la democracia se articula con los fines del desarrollo sustentable y con la exigencia de la sociedad de participar en la gestión de sus recursos naturales, de sus servicios públicos y de sus bienes colectivos. Este ambientalismo productivo, impulsado por las demandas de autonomía, equidad, justicia y democracia de las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas y el movimiento urbano-popular, está fertilizando el campo de una política del ambiente. La gestión participativa de la sociedad en la apropiación de los recursos ambientales conlleva un proyecto de democracia directa, ofreciendo opciones para erradicar la pobreza a partir de los potenciales ecológicos y productivos de las comunidades. La transición hacia la democracia y la sustentabilidad abre perspectivas promisorias a los pueblos de América Latina y del Tercer Mundo para construir un proyecto histórico diverso como sus etnias y sus ecosistemas, solidario con las demandas actuales de justicia social y comprometido con el destino de las generaciones futuras.

En los primeros doce años del siglo XXI se ha cristalizado y difundido una retórica (política, académica, periodística) acerca del presente mexicano: el país se halla estancado; su economía acusa un desempeño mediocre porque no es capaz de hacer sus reformas estructurales; y no las hace, porque el Congreso y el pluralismo que representa, es disfuncional, atávico, frena la modernidad del país. Este libro tiene como objetivo responder a esa retórica: no es para nada claro que México requiera más “reformas estructurales” en el mismo sentido; y es el pluralismo, la incipiente democratización del país, el factor que como ningún otro puso en cuestión la pertinencia de esas decenas de “reformas estructurales” que México ya instrumentó en el último cuarto de siglo y que no cumplieron sus promesas ni de crecimiento y mucho menos, de prosperidad. Pero el libro va más allá: ofrece un balance puntual de los resultados de las “reformas estructurales” y da cuenta de su común denominador: ninguna ha sido pensada para resolver el problema central: la pobreza y la desigualdad. Y es en este descuido donde anida el fracaso mexicano de los últimos treinta años. Los autores argumentan cómo el país podría abandonar esta época de inseguridad y estancamiento a través de dos grandes cambios: universalizar, sin condiciones, los derechos a la seguridad económica y social y dar paso a una nueva edad de la política, una edad que reconozca y asimile, por fin, el rostro heterogéneo y diverso de la sociedad real para transitar a un régimen parlamentario, cuyas reglas y mecanismos se ajustan mejor al pluralismo realmente existente en el México moderno. Equidad social y parlamentarismo es una interpelación a la discusión política y un llamado a corregir la enorme fractura social del país sin renunciar a las conquistas esenciales –libertad y pluralidad– que la transición democrática nos trajo.